El 75% del territorio español está en riesgo de desertificación y los embalses apenas llegan al 37% de su capacidad

Existen más de un millón de pozos ilegales que explotan las aguas subterráneas

La sequía de la década, no del siglo

España es ya el país más árido de Europa. Es también el lugar con mayor riesgo de desertificación, con un 75% de su territorio amenazado. 2017 está siendo uno de los años más secos de las últimas décadas. De momento, la primavera ha sido la más seca desde 1965, un 23% debajo de la media, según la Agencia Estatal de Metereología. Y las previsiones para el otoño tampoco son demasiado buenas. A día de hoy, las reservas de agua embalsada apenas llegan al 37% de su capacidad. Sus impactos, serán globales.

Así lo detalla Greenpeace en el informe Sequía, algo más que falta de lluvia, en el que se analiza la grave sequía actual de manera global. Además de la falta de precipitaciones, la organización ecologista quiere poner el foco en que la mala gestión del agua y el despilfarro también son los culpables de la actual escasez de agua y demanda medidas urgentes que prevean y mitiguen los efectos de la sequía.

“A la actual falta de precipitaciones se le ha sumado la pésima gestión del agua que se ha hecho en los años de bonanza hídrica. Una total falta de previsión para afrontar periodos secos, como el actual, que se dan cíclicamente en nuestro territorio, señala Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace. “Pero parece que el que sea algo habitual tampoco sirve para prevenir. Seguimos viviendo como si la península ibérica fuera rica en agua. Una muestra: hace escasamente una semana se anunciaba la construcción de la mayor playa artificial de Europa en Guadalajara”, sentencia.

Desde hace una década, España se ha comprometido a aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA), herramienta fundamental para hacer frente a las sequías. Su principal objetivo es la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las aguas (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras).

Sin embargo, el Gobierno sigue utilizando las sequías como justificación para no aplicar la DMA y hacer excepciones a la misma. Un ejemplo es el nuevo Pacto Nacional por el Agua, que pretende justificar nuevas e insostenibles obras hidráulicas. Pero seguir infringiendo la DMA no hará sino incrementar la vulnerabilidad frente a las sequías, según denuncia Greenpeace.

La agricultura está sufriendo ya inmensas pérdidas económicas y en cosechas. Este sector emplea el 84,3% del agua en España, según los últimos datos del INE. El 15,7% restante se destina al abastecimiento humano y a los usos industriales. Este consumo hace a la agricultura, especialmente la de regadío, muy vulnerable a las sequías y la escasez de agua. Y es que, a pesar de que un 75% del territorio se encuentra en zonas susceptibles de sufrir desertificación, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío excesiva.

La búsqueda de agua para los dueños de los regadíos ha provocado la extracción de las aguas subterráneas, que conlleva a su vez una sobreexplotación ilegal e indiscriminada de aguas subterráneas. El Ministerio de Medio Ambiente reconocía en 2006 más de 510.000 pozos ilegales. Según sus cálculos, extraían ilegalmente el equivalente al consumo medio anual de una población de 58 millones de habitantes. Sin embargo, en los últimos datos de 2017 del Ministerio de Agricultura está cifra se eleva a más de un millón de pozos, “aunque no se dan las cifras oficiales para no alarmar a la población”, tal y como reconocen. Por todo esto, Greenpeace estima prioritario el cierre de pozos y extracciones no autorizadas.

El medio ambiente también está sufriendo las consecuencias de la falta de agua. En los ecosistemas acuáticos, se ha observado un crecimiento en la mortalidad de los peces, un aumento de especies invasoras y cambios en el número y la composición de las poblaciones marinas, según la organización ecologista. Además, la sequía afecta a la fauna salvaje de mamíferos, aves y reptiles, reduciendo las fuentes de abastecimiento de agua, produciendo desplazamientos a nuevas zonas, reduciendo la reproducción e incluso produciendo la muerte de algunos individuos.

Por otro lado, los incendios han evolucionado con el cambio del clima. El 96% de ellos con causa conocida están provocados por el ser humano, por lo tanto el clima no explica su origen, pero sí condiciona el estado de la vegetación que es el combustible con el que se alimenta el fuego. En situaciones de sequía, la vegetación está deshidratada, con lo que es más rápido y fácil que arda. Por tanto, en los periodos de sequía, los bosques se enfrentan a los incendios en una situación de máxima vulnerabilidad.

Otro de los impactos que más alarma crea la sequía es la la falta de agua para abastecimiento de poblaciones. Durante los periodos secos, decenas de pueblos e incluso ciudades se quedan sin agua y deben abastecerse mediante camiones cisternas o agua aportada por barcos. En 2017, afirman en el informe, al menos 124 poblaciones españolas han tenido o tienen algún tipo de restricción en su agua de abastecimiento.

Asimismo, la escasez de agua en los embalses ha reducido la producción de energía hidroeléctrica, especialmente en los meses más demandados (enero, junio y julio). La electricidad que no se produce con el agua embalsada, en lugar de sustituirse con energías renovables, se está supliendo con carbón y gas. Esto conlleva un aumento de gases de efecto invernadero, además de un incremento del coste anual de generación de electricidad, pues son las tecnologías más caras.

Greenpeace trabaja para acelerar el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares así como la construcción de un sistema energético 100% eficiente, inteligente, renovable y en manos de las personas. “Pero para eso, el Gobierno de España tiene que dejar de boicotear las políticas europeas en materia de energías renovables y abandonar el real decreto con el que quiere impedir que se cierren las centrales térmicas”, afirma Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía y cambio climático.

En relación a la salud, las sequías pueden provocar problemas respiratorios, sobre todo en grandes urbes donde los niveles de contaminantes por el tráfico se concentran. En Madrid, por ejemplo, estos niveles han superado ya el límite saludable para respirar. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima que cada año mueren 31.000 personas en España debido a la contaminación atmosférica en las grandes ciudades.

Por todo ello, Greenpeace considera fundamental una gestión de los recursos hídricos que se anticipe y prevea las sequías, permitiendo mitigar sus efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. “Se trata de un reto en el que todas las personas debemos trabajar conjuntamente. Porque, la sequía ha venido para quedarse”.